Resolución de la SCJN pone en jaque el saqueo de Aguakan derivado de la privatización del agua en Quintana Roo, México

Imagen: Ilustrativa Carlos Mimenza pone en jaque a Aguakan

LNR.- La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pone en jaque el negocio de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún SA de CV (DHC) bajo el nombre comercial  de Aguakan, misma que heredó de la administración de Roberto Borge una opaca concesión  hasta el año 2053 en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres y Solidaridad (Playa del Carmen).

Esta empresa DHC (Aguakan) bursatilizó 900 millones de pesos en deuda privada en la Bolsa de Mexicana de Valores poniendo como garantía el negocio implícito en la privatización del servicio de abastecimiento de agua en Quintana Roo.

En ese sentido el empresario Carlos Antonio Mimenza Novelo realizó una estrategia jurídica que finalmente llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde resolvió que la única institución facultada para determinar contribuciones sobre el aprovechamiento del agua del subsuelo es el Congreso de la Unión.

Por lo que ninguna institución estatal o privada puede establecer tarifas discrecionales en el cobro por consumo de agua potable y estableció como cobro máximo-aproximado la tarifa de $160 a $260 pesos en los recibos bimestrales. Es decir que cualquier cobro por encima de esta cifra queda invalidado con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A través de esta herramienta jurídica cualquier ciudadano podrá descargar el formato del sitio web perteneciente al activista Carlos Mimenza para poder apelar cualquier cobro por encima de los 260 pesos bimestrales en todas las entidades de la República y ante cualquier institución encargada de suministrar el servicio del agua potable.