Tiemblan las concesiones de Aguakan en Quintana Roo ante iniciativa de Morena que prohíbe expresamente la privatización del agua

Imagen: Ilustrativa (Senador Martí Batres y presidenta electa de Solidaridad, Laura Beristain) (Logos Morena y Aguakan) (Cristina Torres)

LNR.- La bancada de Morena en el Senado de la República presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales para echar atrás cualquier proceso que busque la privatización del servicio de agua potable según información de El Universal.

Según la iniciativa de los senadores de Morena, este tipo de reglamentación es regresiva y atenta contra el derecho humano al agua, por lo que debe ser cortado de raíz. Para ello, proponen “dejar claras las bases para una gestión pública del agua, que impida los procesos de privatización”.

Por su parte, Laura Esther Beristain Navarrete, presidenta electa del Municipio de Solidaridad se ha manifestado abiertamente en contra de la concesión de la empresa Aguakan desde su paso por el cabildo de Mauricio Góngora (2013-2016), donde aseguró que dicha concesión para el manejo y distribución de los recursos hídricos se estableció en contra del marco jurídico local, ya que se viola el artículo 79, del Bando de Policía y Buen Gobierno, el cual prohíbe expresamente concesionar a particulares los servicios de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado a nivel municipa.

Sin embargo, la maniobra de Morena en contra de la privatización del agua es a nivel federal y la iniciativa será sometida a votación en el Congreso de la Unión donde el nuevo partido en el poder goza de amplía mayoría.

En ese sentido la empresa Aguakan instalada en los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez (Cancún) y Solidaridad (Playa del Carmen) del estado de Quintana Roo es una de las empresas que presuntamente se verán afectadas derivado del nuevo marco jurídico que se establecerá con los cambios a la Ley de Aguas Nacionales.

La iniciativa señala puntualmente el siguiente texto:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como a conducir investigaciones independientes de todo tipo para monitorear su calidad y proponer medidas para su uso sustentable. El Estado garantizará este derecho.

La autoridad y administración de las aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes es responsabilidad del Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente o por medio de una “Comisión”.

Serán públicos los financiamientos, las construcciones, operaciones y mantenimientos a la infraestructura hidráulica. Esa frase es la que va directamente dirigida hacia empresas como Aguakan SA de CV.

También será pública y sin fines de lucro la gestión del agua.

Se prohibe la celebración de contratos con particulares, así como el otorgamiento de concesiones totales o parciales para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica y al prestación de los servicios asociados a ésta.

No serán otorgadas concesiones o contratos para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica o para prestar los servicios asociados a ésta.

Se prohibe que un particular realice actos de administración y comercialización del servicio de agua potable.”

Los senadores de Morena recordaron que en 2015, la mayoría, de extracción priísta, intentó aprobar una Ley General de Aguas que buscaba ampliar los procesos de privatización, omitiendo totalmente el derecho al saneamiento y permitiendo la contaminación de ríos con químicos, siempre y cuando no se rebasara la “capacidad de asimilación”.

Además, limitaba el monitoreo social o académico para conocer los niveles de determinados compuestos en el agua.