Granjeros de Kansas solicitan a Trump “mano de obra mexicana” para el campo

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LNR .- Los productores agrícolas, ante la cercanía de las cosechas, son quienes están resintiendo en mayor grado los arrestos a indocumentados, por lo que estarían dispuestos a pagar derechos o multas, para asegurar la legalización de la necesaria obra de mano.


Foto: Jhon Dere

“Hace dos semanas, mi jefe me dijo:necesito más mexicanos como tú’, mencionó un joven inmigrante, empleado en una granja del suroeste de Kansas y que habló en anonimato porque busca regularizar su situación migratoria. “Yo le dije: ‘bueno, son algo difíciles de encontrar’”.

Los indocumentados representan alrededor de la mitad de la mano de obra utilizada en la agricultura de los Estados Unidos, según establecen varias análisis. Pero ese grupo se está reduciendo, lo que podría significar problemas para las granjas, lecherías y plantas de envasado de carne, particularmente en un estado como Kansas.

Los arrestos de trabajadores indocumentados aumentaron 38 por ciento desde que el Presidente Trump firmó un par de Órdenes Ejecutivas para combatir la inmigración el pasado enero. La redadas tiene un efecto disuasorio a lo largo de la frontera sur: los arrestos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos totalizaron 118 mil 383 de enero a mayo, lo que significó una disminución de 47 por ciento respecto al mismo periodo del 2016, lo que indicativo que menos personas tratan de ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

Michael Feltman, abogado de inmigración en Cimarron, Kansas, menciona que su firma ha visto crecer el número de personas que buscan la naturalización en los últimos seis meses, compararado con los cuatro años anteriores combinados. “Estoy muy preocupado de que cada pequeña multa de tráfico se convierta en detención, menciona el abogado.

Más personas opinan igual, La amenaza de deportación y la pérdida potencial de nuestra fuerza de trabajo ha sido muy aterradora para todos los negocios aquí”, son palabras de Trista Priest en Satanta, Kansas. La señora Priest es la directora de estrategia de “Cattle Empire” empresa que sostiene el quinto centro de alimentación ganadera a nivel nacional y cuya fuerza de trabajo es 86 por ciento hispana.

En el condado de Haskell, sede de Cattle Empire es el mayor empleador, el 77 por ciento del padrón votó por Trump, contra el 57 por ciento en todo el estado. Pero Priest y otros empleadores entrevistados dicen que las políticas de inmigración que de Washington, a mil 500 kilómetros de distancia son contrarias a las necesidades de las empresas locales.

Roger Marshall, congresista republicano, cuyo distrito incluye al suroeste de Kansas, mencionó que la preocupación número uno que escucha de sus electores la inmigración. El congresista añadió que confía en que una vez que la frontera esté segura, “el Presidente Trump también verá esto como un problema económico”.

Y vaya que lo es.

El precio de la leche llegaría a $6.40 dólares el galón sin el acceso a la mano de obra de inmigrantes, según un informe de 2015 de la Federación Nacional de Productores de Leche, mismo que estima que la mitad de los trabajadores de esa industria son foráneos. “Sin la ayuda de la mano de obra extranjera muchas empresas lácteas en Estados Unidos se enfrentan a la amenaza de la quiebra” se lee en el reporte del organismo.

La Federación de Oficinas Agrícolas de Estados Unidos (AFBF, por sus siglas en inglés) ha propuesto que aquellos trabajadores agrícolas no autorizados, pero que ya están en el país pudieran obtener estatus legal permanente, una vez que comprueben que han trabajado en la industria por un tiempo. La AFBF advierte que mantener un enfoque en las detenciones podría reducir la producción en hasta 60 mil millones de dólares anuales.

Feltman, el abogado de inmigración, dice que sus clientes granjeros están dispuestos a pagar fuertes multas por asegurar la legalización. “Si por cada trabajador indocumentado se pagara mil o mil 500 dólares, eso cambiaría a los políticos”, comentó el abogado.

“No vine aquí porque quería, mis padres me trajeron aquí, afirma el trabajador indocumentado, que ha gastado 24 mil dólares en asesoría legal. “Estoy aquí, tengo que trabajar.”

 

 

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