Denuncia Carlos Mimenza que el Gobierno de Carlos Joaquín en Quintana Roo busca privatizar en su totalidad el patrimonio público del estado

LNR.- El empresario Carlos Antonio Mimenza Novelo denunció a través de su plataforma en redes sociales al gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, por encabezar cambios en el marco jurídico para impulsar la posibilidad de concesionar a privados cualquier propiedad de la entidad.

 

La estrategia del gobierno de Joaquín González consiste en extinguir el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE), bajo el argumento de que dicha institución sirvió durante el borgismo para el desfalco de terrenos propiedad del estado en beneficio de familiares y prestanombres de la clase política ligada a Roberto Borge.

Foto: Facebook Carlos Joaquín

 

Sin embargo, dicha extinción del IPAE sólo será sustituida por la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (APEEQ), la cual fungiría como la encargada de entregar el patrimonio estatal a particulares a través de la figura de la concesión pública, figura legal con la que funciona la empresa Aguakan para operar de manera privada el servicio de abastecimiento de agua potable a la sociedad quintanarroense, utilizando la infraestructura hidráulica hecha por la paraestatal Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) con recursos públicos. Siendo este, el mejor ejemplo actual de una concesión de este tipo.

 

El caso de Aguakan sería solo un mínimo ejemplo en comparación a la entrega del patrimonio estatal que planea ejecutar hacia manos privadas el gobierno joaquinista, en base a las recientes modificaciones jurídicas realizadas y publicadas en el Diario Oficial del Estado de Quintana Roo.

 

Otro factor que evidencia la corrupción en la reestructuración jurídica denunciada por Mimenza, es la asignación de Eduardo Ortiz Jasso como titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos (APEEQ), contraviniendo la propia ley que prohíbe la asignación de este personaje por haber sido inhabilitado legalmente para ocupar un cargo público, después de haber sido penalizado por irregularidades durante su paso como titular del Instituto de Planeación del Desarrollo Urbano (Implan) en la  administración de Julián Ricalde Magaña, en el municipio de Benito Juárez (Cancún).

 

Sin embargo, la imposición de este personaje es una orden que viene desde el Palacio de Chetumal y con la venia del “grupo de Puebla de Moreno Valle”, encabezado por Juan Vergara Fernández.

 

En ese sentido, aparece coludida la figura del ex-presidente Felipe Calderón Hinojosa (FCH) a través de su operador, Carlos Orvañanos, quien ha sido designado como titular del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo (IDEFIN) con el objetivo de atraer a los inversionistas privados para lucrar con el patrimonio estatal. 

 

En esta operación estratégica para cambiar el marco jurídico de Quintana Roo, se expone más que nunca la colusión entre el ex-gobernador Félix González Canto y su primo, el actual gobernador, Carlos Joaquín González, para dar continuidad a diversos proyectos planteados con antelación como son la construcción de una autopista de cuota hacia la zona hotelera de Cancún que pase por encima de la Laguna Bojorquez, así como la construcción del tren rápido que vaya desde Cancún a Tulum con el objetivo de monopolizar el sistema de transporte en la entidad.

 

De igual forma, se especula  la construcción de un puerto de altura en Quintana Roo para potencializar el intercambio comercial de importaciones extranjeras, en el que surge la figura de Alicia Ricalde Magaña, encargada de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQRoo), posición estratégica ocupada por una pieza política (Alicia Ricalde) de Margarita Zavala. Mientras tanto, su hermano Julián Ricalde controla el PRD local a través de su incondicional Jorge Aguilar Osorio.

 

En esta breve descripción sólo se muestra la punta del “iceberg” sobre la evidente integración de la clase política estatal y nacional para repartirse el “botín” llamado Quintana Roo. Sin embargo, las voces disidentes y la prensa libre darán la batalla por la propiedad estatal.

 

Finalmente, Carlos Mimenza calificó como un robo a la ciudadanía el decreto establecido en la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado y Municipios de Quintana Roo, y ventiló la relación entre Félix González y Carlos Joaquín González a través del personaje Ovidio Jasso Lara, pariente de Eduardo Ortiz Jasso, nuevo encargado de orquestar el plan para privatizar el patrimonio del estado de forma descarada mediante la Agencia de Proyectos Estratégicos (APEEQ).