Impunidad pone en riesgo la paz social en México

Foto: AMP
Columna: Dos con Botana 

La ignominiosa impunidad que se registra en el país pone cada vez más en riesgo la tan cacareada “paz social” posrevolucionaria que ha prevalecido a través de nuestra democracia a la mexicana, en la que la injusticia y la desigualdad ha alcanzado índices intolerables.
La información que trasciende en torno a que el castigo que recibirán sátrapas como Javier Duarte Ochoa o Roberto Borge Angulo, sería insignificante en función de todo el daño que causaron, le viene a abonar de manera significativa al sentimiento de indignación y repudio del pueblo mexicano hacia la casta política.

Y es que el agravio de estos dos personajes no se limita exclusivamente al saqueo del erario, sino que abarcó todo tipo de ilícitos en agravio de sus gobernados, por los que misteriosamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha levantado la voz para exigir que se les aplique todo el peso de la ley, como la aplicación de agua en lugar de quimioterapia a personas, particularmente niños con cáncer en el Gobierno de Duarte Ochoa o los despojos de sus patrimonios a gente que tuvo la mala suerte de toparse en el camino de Borge Angulo.

Que decir de lo que ocurrió recientemente en Cuernavaca, donde el socavón que se registró hace unos días cobró la vida de varias personas, dejando al descubierto toda una red de corrupción en todos los niveles de Gobierno en materia de obra pública, que se suma a otros casos que se vienen registrando desde la misma cabeza del Gobierno Federal, como el de la “casa blanca”, en el que a pesar de las pruebas aportadas, no se ha movido un dedo para que sean juzgados todos los implicados.

En nuestro mismo Quintana Roo, donde es más que evidente la complicidad del Gobernador Carlos Joaquín, que con elementos para aventar al aire para solicitar Juicio Político contra el Magistrado Presidente del Tribunal Superior del Estado, Fidel Villanueva Rivero por la compra irregular de decenas de hectáreas ejidales y un terreno valuado en varios millones de pesos en Cozumel por unos cuantos miles, se limita a hacer “mutis”.

Pero eso sí, se escandaliza en cuanto se convoca a conformar un frente común ciudadano contra la corrupción y utiliza todo su poder para tratar de amedrentar a quienes lo apoyan, o tomar represalias contra quienes se atreven a exhibir su incompetencia.

Esto y mucho más está conduciendo al pueblo a una condición de peligroso hartazgo, en la que al darse cuenta que en otros países como Perú, Guatemala o Brasil, se está aplicando la Ley para castigar a los ex Mandatarios que la infringieron, podría optar por preferir tomar justicia por su propia mano contra sus verdugos.