Se vuelven más comunes e impunes los fraudes inmobiliarios, en propiedades con litigios y en remate

Imagen: Gestión

LNR.- Muchas personas que buscan alguna propiedad  para invertir o para habitarla, son enganchadas por los anuncios en varios medios de comunicación, en los cuales se anuncian propiedades de hasta 40% menor a su valor real, sin embargo, hay muchos inmuebles en remate que están en pleno desarrollo judicial, los cuales son utilizados por corredores inmobiliarios del país para cometer fraudes, abusos y amenazas, según información de La Crónica de Hoy.

Los fraudes han afectado a miles de compradores por la ficticia oferta y en varios casos, han perdido  los anticipos que se pide para apartar la propiedad.

Incluso la misma propiedad es subastada en varias ocasiones o se ofertan casas que no están bajo ningún litigio.

De igual forma, varias agencias  inmobiliarias en su voracidad de ganar dinero, ofrecen una misma propiedad a múltiples interesados, con  la promesas de entregar en menos de un año dicha propiedad, pero en la realidad son inmuebles intangibles e imaginarios.

Esta problemática se ha extendido de diferentes maneras, la mayoría de los que caen, se enteran de dichas “gangas” por internet , proporcionando todos los datos personales, datos que después serán ocupados por los mismos defraudadores durante los litigios para intimidar  y vigilar a sus víctimas.

Imagen: Remates en Uruguay

“Sólo esperamos una orden judicial para desalojar a los deudores”, le externan  a los clientes engañados y sin ninguna  investigación de por medio, las instituciones bancarias venden los derechos litigiosos al mejor postor a empresas cuyo objetivo es lucrar con la venta de inmuebles devaluados por la pugna judicial.

“Si bien los bancos no son responsables directos de este tipo de fraudes, sí tienen responsabilidad al no llevar un control adecuado sobre las corredurías o entidades a las que se les venden las carteras vencidas de casas y departamentos”, señaló Federico Sobrino, experto en el tema e integrante de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

Entre la indiferencia de las instituciones y el marco legal para supervisar estos agravios, pareciera que en  México no hay ninguna autoridad con facultades para regular estas transacciones y los procesos, ni por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni la Procuraduría Federal del Consumidor ni la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Sólo la denuncia ante el Ministerio Público, es el arma de quien fue timado, ya que el modo de operación es un delito, que según el Código Penal Federal, en su artículo 386, establece: “Quien comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido” y por ende, existe la posibilidad de encarcelar hasta 12 años a quien haya incurrido en el tema.

Un caso desmenuzado

Una persona pidió un crédito hipotecario a un banco, un descuido o una falta de compromiso en las finanzas de esa persona,  se interrumpieron los pagos de las mensualidades. entonces el banco demanda a la persona y un juez lo condena al pago de la deuda con intereses moratorios.

En dicho procedimiento judicial, el banco vende los derechos litigiosos a la compañía “X”, quien se describe como líder en recuperación de cartera vencida, y que a su vez, le traspasa a otra empresa que controla varios portafolios hipotecarios.

Aquí es donde entra una compañía inmobiliaria y en mutuo acuerdo anuncian la propiedad como si fuese un remate, pese a que todavía no hay un dictamen judicial, estos últimos ya negociaron el precio e incluso ya recibieron el enganche de engañado, el cual seguramente va a perder.

Los enganches, varían según el costo de la propiedad, pero casi siempre van del 10 al 30% del valor que ellos mismo le inventaron a la propiedad.