Solamente 3 pesos de cada mil, son recuperados cuando se comprueba desvío de recursos:SFP

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Imagen: Expansión

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LNR.- En nuestra sociedad, es muy común escuchar frases como ¿De que sirve que agarran al gobernador corrupto?, si no va a regresar el dinero que se robó”

Es por eso, que en relación a los desvíos de parte de los servidores públicos corruptos, el experto y analista Francisco José de la Portilla Sordo, quien es miembro fundador de la Asociación de Prevención de Lavado de Dinero y Delitos Económicos (ASPLDE); alertó que los servidores públicos en México, no podrían ser vinculados tan fácilmente  a los delitos por cada desfalco realizado, según información de El Economista.

“No lo digo yo, son estadísticas de la propia Secretaría de la Función Pública: por cada quebranto administrativo, se recuperan sólo 3 pesos de cada 1,000. Entonces vayámonos a ese porcentaje y ésas son las esperanzas de recuperar el desfalco de los gobernadores”.

De la Portilla Sordo comentó, que es muy complicado señalar y comprobarles a los ex gobernadores que hoy día cumplen con algún proceso judicial por el desvío de recursos, ya que en la mayoría de los casos todos los recursos manipulados, apuntan a sus prestanombres. “Es decir, muy difícilmente se le podrán probar los delitos más cuantiosos por los que se le están acusando”, insistió.

Agregó que si estos personajes lograron cometer los excesos que hoy son de todos conocidos, esto se debe a que el sistema político mexicano así se lo permitió.

En el caso concreto de Roberto Borge Angulo en Quintana Roo, y Javier Duarte en Veracruz, el experto aseguró que “no hay gobernador que firme un contrato, ni funcionario que vaya y deposite dinero público a una cuenta a su nombre, lo cual hace muy difícil que exista una prueba directa que relacione al servidor con el desfalco” comentó después de haber participado en la Conferencia Anual Antilavado de Dinero y Delitos Financieros, realizada precisamente en la ciudad de Cancún.

Borge Angulo, quien fue detenido en Panamá, se le acusa de robarse el patrimonio del estado de Quintana Roo, el cual equivale a seis veces la superficie de la zona hotelera de Cancún o 24 veces las dimensiones de Isla Mujeres, para beneficiar a familiares cercanos y a empleados, sin embargo, la manipulación de datos oficiales y el plan de mantener a varios de sus allegados laborales en el gobierno actual, ha sido una piedra en el zapato para inculparlo justamente.

Las autoridades y la sociedad civil deben presionar, para que mediante los auditores estatales se devuelva lo más que se pueda de los recursos robados.

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