Sergio Rivera, el activista que se opuso a una hidroeléctrica y fue desaparecido en Puebla

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LNR.- Era la tarde del pasado jueves 23 de agosto. El activista Sergio Rivera Hernández se dirigía en moto a su casa en Sierra Negra, una comunidad al sureste de Puebla, cuando un grupo armado dentro de una camioneta blanca comenzó a perseguirlo. Al alcanzarlo, los gatilleros lo embistieron y cayó al suelo, luego se lo llevaron.

Desde entonces no se sabe nada del paradero de Sergio, de 31 años y quien es agricultor de café y frijol, mecánico e integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), narran sus abogados.

Meses atrás, el 28 de junio, el activista había sido amenazado por teléfono, al ser un líder opositor de un proyecto hidroeléctrico en los municipios poblanos de Tlacotepec y Zoquitlán impulsado por la Compañía Minera Autlán.

“Pinche presa (proyecto hidroeléctrico) se la van a hacer y te vas a ir a chingar a tu madre”, se escucha en un audio que le fue enviado a Sergio por WhatsApp. “Pídele a Dios que no pierda el PRD, cabrón, porque si no al rato te llueve, de eso me encargo yo”.

Tanto Sergio como el MAIZ se oponen a proyecto hidroeléctrico porque, según expusieron desde 2016, la presa tendría un severo impacto ambiental, sumado a que la energía que se generara se destinaría solo a la industria minera y no a los pobladores.

Los familiares y compañeros del activista denunciaron los hechos ante la Fiscalía de Puebla, pero dijeron que no hubo respuesta. Este miércoles, el caso fue llevado ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se investigue como desaparición forzada, informó la abogada de la familia, Karla Michel Salas, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.

David Piña, también abogado de la familia de Sergio, detalla que los testigos lograron identificar a los responsables de la desaparición como un grupo armado cercano a autoridades de los municipios de Tlacotepec y Zoquitlán.

“Nosotros hemos armado desde la parte jurídica el caso de Sergio como desaparición forzada, justo por los antecedentes que se tienen de estos sicarios que han operado durante el mandato del presidente municipal de Zoquitán, Fermín González”, detalla el jurista David Peña.

Consuelo Carrillo y Amador Montalvo, esposa y primo de Sergio, denunciaron que funcionarios del municipio de Tlacotepec y Zoquitlán apoyan la construcción de la hidroeléctrica y por eso habían tenido roces con el activista.

A esto se suma una pugna política, pues los actuales partidos gobernantes de dichos municipios —PAN y PRD— fueron derrotados por Morena el pasado 1 de julio, cuya propuesta central de campaña fue dar marcha atrás a la presa.

“Sergio era un líder, él es quien organizaba a la gente. Pero además, él iba a ser elegido dentro del nuevo gobierno de Zoquitlán como representante de Obras, entonces todos los caciques se sintieron amenazados”, dice Amador.

Tras la desaparición, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista emitió un pronunciamiento culpando a la Compañía Minera Autlán y a las autoridades locales como responsables

Tras la acusación, el consorcio minero, propiedad de José Antonio Rivero Larrea, negó por medio de un comunicado enviado a la revista Proceso cualquier vínculo con la desaparición del activista Sergio Rivera.

“(La compañía) enfatiza que no tiene ningún vínculo con este desafortunado incidente, ni tiene relación alguna con el señor Rivera Hernández. Autlán, en sus 65 años de trayectoria, ha operado siempre bajo el marco legal existente y rechaza cualquier conducta que vaya en contra de la ley”, refirió la empresa.

Familiares y compañeros de Sergio han pedido a las autoridades una investigación imparcial y expedita de este caso, así como un operativo de búsqueda y rescate.

Este jueves se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En México familias enteras siguen en la búsqueda de los suyos. Datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) refieren que en el país existen cerca de mil víctimas de este delito.

En junio pasado, el Comité de expertos de Derechos Humanos de la ONU registró el caso número 500 de desaparición forzada en México. Se trata de un conteo que inició desde 2010.

El organismo informó que las desapariciones forzadas han crecido continuamente en el país. La ONU explica que se entiende como desaparición forzada “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

Fuente: Mexico.com

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