El conjunto de organizaciones no gubernamentales repudió la “Alianza para el Gobierno Abierto” (AGA), luego de descubrirse el espionaje electrónico contra periodistas y activistas con el uso de herramientas de uso exclusivo del gobierno mexicano, según información de “El Economista”.

Imagen: Primera Vuelta (ilustrativa)

LNR. – Ante la falta de investigación de las autoridades responsables sobre casos de espionaje electrónico que el gobierno federal ha ejercido en contra de periodistas y activistas en México, la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) rompió relaciones con su contra parte gubernamental.

La AGA es una iniciativa multilateral fundada en 2011, en la que México es país cofundador junto a Brasil, Indonesia, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos. Su objetivo primordial es promover acciones que favorezcan la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la innovación tecnológica, con el objetivo de fortalecer la gobernanza y el combate a la corrupción.

El grueso de Organizaciones de la Sociedad Civil que conforma esta Alianza anunció, durante una rueda de prensa este martes, su retiro del proceso de colaboración con el gobierno federal. La decena de organismos afirmaron que no existen las condiciones para una participación libre y segura de la sociedad civil dentro de la AGA.

Juan Manuel Casanueva, director de SocialTIC, señaló según información de “El Economista”, que “los casos de vigilancia ilegal en contra del periodista Rafael Cabrera, así como de los activistas promotores del impuesto a las bebidas azucaradas”. Estas acciones se realizaron con el software “Pegasus”, de la firma israelí NSO Group, que es vendido exclusivamente al gobierno mexicano.

Citando textualmente la información del portal El Economista: “Se envió una carta directamente a nuestras contrapartes del Secretariado Tripartita, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y todos los comisionados del INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales). También se le envió esa misma carta a Alejandra Lagunes, de la Estrategia Digital Nacional (EDN), donde no solamente condenamos y rechazamos la vigilancia ilegal y desproporcionada en contra de la sociedad civil, sino que buscamos proactividad para esclarecer qué está pasando”, dijo.

La respuesta de las autoridades y funcionarios fue el silencio. Ninguno de los destinatarios emitió alguna respuesta. Esto, dijo Casanueva, “nos lleva al punto de romper muchos de los lazos de confianza a pesar de cinco años de trabajo en el camino de la Alianza para el Gobierno Abierto”.

El espionaje fue el detonante, pero existe una serie de condiciones que van desde la ola de asesinatos a periodistas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto hasta la intimidación y censura de los medios de comunicación y activistas.

Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, denunció que el principio de la AGA “se está pervirtiendo y se está perdiendo”.

“En lugar de ampliar el espacio cívico como el gobierno (mexicano) se comprometió ante los gobiernos de la Alianza para el Gobierno Abierto, por el contrario, está reduciendo el espacio cívico. Está reduciendo la capacidad de la información a través de diferentes medidas: los asesinatos a periodistas, los asesinatos a derechos humanos y la promoción de leyes que restringen la participación y la asociación y la libertad de expresión y el derecho a la información”, afirmó.

El director del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) Juan E. Pardinas coincide en que “es muy difícil el proceso de confianza cuando se empieza a cerrar el oxígeno de las organizaciones de sociedad civil” y citó las acciones de acoso que rompieron la confianza entre las organizaciones civiles y el gobierno, como el espionaje ilegal, las agresiones a periodistas, las auditorías del SAT a medios de comunicación, activistas y ONG que están ligadas a la rendición de cuentas o defensa de los derechos humanos. “Existe un patrón en las auditorías y es una hipótesis que preocupa“, dijo.

A pesar de las reiteradas peticiones de esclarecer los ataques contra la sociedad civil, el gobierno guarda silencio. Después del mencionado anuncio, Alejandra Lagunes, coordinadora de la EDN, se limitó subir a las redes que México ocupa el lugar 11 del Barómetro de Datos Abiertos, omitiendo mencionar la ruptura de la AGA, o las respuestas que la sociedad civil pidió.

Por su parte, el INAI reconoció que las acciones contra activistas “vulneran la confianza necesaria de cualquier diálogo, minan la capacidad de construcción de acuerdos e imposibilitan una relación respetuosa entre las instituciones públicas y la sociedad”. Hizo por esa vía, un llamado a “replantear y/o renovar” el diálogo con la sociedad civil, haciendo el compromiso de buscar “soluciones que permitan recobrar la confianza perdida”.

Cita también el portal, que se buscó el contacto con la Secretaría de la Función Pública sin obtener respuesta.

Abrirán expediente internacional

El Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil anunció también la apertura de un expediente por medio de Política de Respuesta (Response Policy, por su sigla en inglés) que será enviado al Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto Internacional (Open Government Partnership). Si procede dicho expediente, México se convertiría en el único país fundador al que se aplique el protocolo “Evaluación de las Condiciones” que establece la “Alianza”.

Rachel Ostrow, vocero de la “Open Government Partnership”, dijo a El Economista, desde Washington, no haber recibido quejas por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil, si se da el caso, se iniciará con la “Política de Respuesta”. “Nuestro Comité Directivo discutirá esto en las próximas semanas y hasta el momento estaremos en la posibilidad de hablar más sobre este tema”, dijo.

“En este (todavía hipotético) caso en particular, cualquier acción emprendida dependerá enteramente de la naturaleza de las quejas enumeradas en la carta formal de preocupación. Hasta que tengamos esa información, no podremos explicar sobre posibles acciones que tomaríamos”, agregó.

La salida por parte de la sociedad civil del acuerdo con la AGA impactará los procesos como la designación del Sistema Nacional Anticorrupción. Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, fue contundente: “cualquier acción que se tome a partir de ahora no contará con la validación ni aprobación de la sociedad civil”.

Las organizaciones que conforman el núcleo de la sociedad civil son:

  • Transparencia Mexicana
  • Fundar
  • Artículo 19
  • Cidac
  • IMCO
  • Gesoc
  • Observatorio Nacional Ciudadano
  • SocialTIC
  • Contraloría Ciudadana
  • Cultura Ecológica

 

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