Foto: Screen Shoot

LNR.- Fueron detenidos y procesados 42 miembros de las autodefensas de la comunidad de Mezcala, mismos que ya fueron trasladados este martes partiendo de la Procuraduría General de la República (PGR), en Chilpancingo, al penal de Acapulco, donde tendrán el proceso penal que se les ha iniciado por delincuencia organizada y portación ilegal de armas según información manejada por Milenio.

Sin embargo la versión de los medios independientes señala que el pasado jueves 26 de octubre, un operativo de la policía estatal y el ejército mexicano detuvieron con lujo de violencia a 49 integrantes federados en la Policía Comunitario de los Pueblos de Eduardo Neri en el estado de Guerrero, una iniciativa autónoma de seguridad que surgió el 15 de mayo del 2017 ante las extorsiones y secuestros acaecidos por los cárteles como Los Guerreros Unidos, Los Rojos y La Familia Michoacana que han hecho de la región un infierno. 

Los hechos se dieron tras dos persecuciones en el Cerro del Tepetlayo después de que los policías comunitarios asistieran a la cabecera municipal por una “llamada de auxilio” del gobernador referente a un “robo de motocicleta”, que en voz de los familiares de los presos, “resultó ser una trampa ya planeada desde anterioridad para que los emboscaran y les sembraran delitos (…) el gobierno no quiere que el pueblo haga su trabajo, por eso busca reprimir o desaparecer a quienes nos defendemos con las armas”.

Desde su surgimiento, los integrantes del proyecto (o coloquialmente llamados “comunitarios”) instalaron retenes para preservar la tranquilidad de sus comunidades las 24 horas. La ciudadanía guerrerense que ha observado cambios sustanciales como la reducción al mínimo de secuestros, robos de vehículos y asaltos en locales comerciales, contribuye con la policía comunitaria con donaciones voluntarias, alimentos y materiales de construcción para los módulos de seguridad.

Con este operativo, el Estado mexicano busca desarticular mediante el encarcelamiento y la criminalización, a las personas que toman legítimamente las armas para luchar en defensa de sus comunidades, ya que “no les queda de otra”: esto se resumen en “defenderse o morir”.

Este martes, 42 de los comunitarios fueron trasladados al Centro de Reinserción Social de Las Cruces en Acapulco, los otros 7 son menores de edad y se encuentran detenidos en un tutelar. Se les imputan los “delitos” de: portación de armas y cartuchos de uso exclusivo, delincuencia organizada, privación de la libertad, robo de vehículos y ataques a las paz pública.

Ahora, el ejército y la policía estatal han tomado el control de las entradas a los pueblos del municipio de Eduardo Neri, facilitando así, el reingreso de los cárteles a la región según denuncian medios locales independientes

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