LNR.- Para que haya una anulación de un proceso electoral, debe acreditarse la existencia de factores graves, dolosos y determinantes, que supongan la alteración de la voluntad popular o el impedimento del ejercicio pleno de la libertad del sufragio, señaló el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) José Luis Vargas Valdez.

Imagen: Redacción Aristegui Noticias

De acuerdo a la información difundida en el portal Aristegui Noticias, el Magistrado precisó que la nulidad no es cualquier elemento más del proceso, sino que “a mi modo de ver constituye la sanción máxima del sistema electoral, probablemente también junto con la inhabilitación de candidatos”.

“La nulidad constituye la pena de muerte en el sistema electoral, con lo cual quienes aplicamos el sistema de nulidades, es decir, los juzgadores locales, las Salas Regionales y la Sala Superior en materia electoral, tenemos que tener claridad de la responsabilidad que implica hablar del tema y, sobre todo, aplicar dicho sistema”, agregó.

Los únicos facultados para declarar la nulidad de una elección son los juzgadores y dicha determinación se da a partir de analizar los diferentes elementos de prueba que se presenten en cada caso,  sostuvo Vargas Valdez al participar en la mesa Sistema de nulidades y cómputos distritales, en el marco de la Reunión de Trabajo con Organismos Electorales de la IV Circunscripción.

Por ello, insistió en que “no podemos perder de vista que las nulidades son un elemento más dentro de un litigio, es decir, dentro de un juicio en el cual existen dos partes, un interés jurídico y un interés público, que se tienen que preservar”.

El Magistrado de la Sala Superior del TEPJF enfatizó que la nulidad no es cuestión declarativa y “las autoridades administrativas, el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) no tienen las facultades de aplicar automáticamente la nulidad”.

Lo fundamental es “que existan condiciones para hacer que la gente salga y ejerza un voto libre, universal y válido, pero también que el sistema siga encontrando su funcionalidad de resolución de conflictos, sin tener que llegar a la nada jurídica, que es la nulidad electoral”, afirmó.

Por tanto,  José Luis Vargas Valdez consideró que “es un tanto irresponsable advertir que hay nulidades ya en el aire y que se tendrá inminentemente que pronunciar un Tribunal, a señalar lo que una autoridad o incluso los medios de comunicación ya están diciendo como algo inminente, y de lo cual no existe otra opción”.

“Los juzgadores tenemos que analizar cuáles fueron los valores que la autoridad fiscalizadora y la parte administrativa utilizó, si son los correctos y si fue exactamente ese porcentaje a partir de hacer las compulsas necesarias para poder arribar a la resolución”, señaló el magistrado.

Esta revisión podría incluso llevar a “solicitar que haya algunos aspectos del proceso de fiscalización que ejerció la autoridad administrativa que debieran volverse a revisar por parte de dicha autoridad”, expresó, de acuerdo con un comunicado del TEPJF.

“Solo hasta que se tiene esa revisión y esa compulsa jurisdiccional, es cuando los juzgadores podemos hablar de que evidentemente se violó o no se violó ese tope constitucional, antes me parece que no hay posibilidad de poderlo anunciar o poderlo anticipar como se ha hecho”, estableció.

Al clausurar los trabajos de la reunión, el magistrado Vargas Valdez señaló que a nivel internacional los países elogian lo que ha logrado México en tres décadas en materia electoral y esa fortaleza se tiene que asumir “para que ante los ataques que pudieran llegar a generarse en el 2018 al sistema, tengamos la capacidad de poder dar la respuesta”.

 

 

 

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