LNR.- El Gobernador del “cambio”, Carlos Joaquín González siente la presión social por el polémico tema de la privatización del agua, donde se encuentra involucrada la empresa Aguakan en el estado de Quintana Roo.

Joaquín González prometió en campaña solucionar el tema del agua en Quintana Roo ante el hartazgo social que representa la mercantilización del vital líquido. La sociedad quintanarroense de los municipios de Solidaridad, Isla Mujeres y Benito Juárez sufren de cobros excesivos e irracionales ejecutados por Aguakan, además de cortes inmediatos en el suministro del agua si se incumple con el pago mensual del “pésimo servicio”.

En ese sentido, el empresario Carlos Mimenza impulsa la estrategia jurídica para revocar la concesión de Aguakan a través de un amparo colectivo fundamentado en principios que contravienen los principios constitucionales en el acceso al agua.

Carlos Mimenza ha logrado aglomerar un gran apoyo mediático y social a través de las plataformas digitales para impulsar una estrategia apegada a derecho para expulsar a Aguakan del modelo institucional y recuperar el agua como un bien de interés público.

Sin embargo, la estrategia del gobierno de Carlos Joaquín para mitigar el liderazgo social de Carlos Mimenza ha tomado rumbo, intentando colocar candados jurídicos para proteger a Aguakan y a la vez restarle argumentos legales al amparo colectivo dirigido por Mimenza al ordenar la creación de un convenio para eliminar las multas y recargos establecidos por Aguakan.

Sin embargo, dicha condonación de multas no resuelve el problema de fondo y busca disfrazar el pésimo servicio en el abastecimiento de agua potable que contraviene los derechos constitucionales de los quintanarroenses.

A través de un convenio publicado en el Diario Oficial del estado Soberano de Quintana Roo, en relación a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado se hace pública señalando “la condonación de multas y recargos a deudores de créditos fiscales provenientes del incumplimiento del pago de cuotas y tarifas por los servicios de agua potable y alcantarillado por uso doméstico y derivado de las multas por infracciones a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del estado de Quintana Roo.”

Finalmente, será la ciudadanía del estado de Quintana Roo la que decida el futuro en el manejo del agua ya que se requiere de la voluntad popular para expulsar a Aguakan y su mediocre servicio.

 

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